La municipalidad de Andalgalá presentó un recurso en contra de MARA

La Municipalidad de Andalgalá volvió a cargar contra el proyecto MARA y presentó un recurso de revisión ante el Ministerio de Minería de la Provincia, en rechazo a la Resolución nº478, mediante la cual se autorizó a la empresa Minera Agua Rica L.L.C. a ejecutar 55 nuevos pozos de exploración en el departamento. Esta presentación se inscribe en el marco de las múltiples acciones que el municipio ha impulsado en los últimos años para detener lo que considera un "proceso irregular y violatorio de la legislación ambiental vigente".

Según se detalla en el escrito, la empresa presentó en septiembre de 2024 una nueva solicitud de sondajes para ampliar sus actividades. No obstante, el municipio considera que "la documentación fue ingresada con graves deficiencias formales y técnicas, sin firma profesional habilitada, ni cronograma de trabajo, ni descripción del impacto ambiental ni medidas de mitigación". Por ello, solicitaron al Ministerio que se rechace la petición y se ordene un Informe de Impacto Ambiental para esos 55 sondajes adicionales.

Ahora, el municipio apunta a que el Ministerio de Minería no rechazó la presentación de plano, sino que habilitó a la empresa a complementar la información permitiéndole ampliar la Declaración de Impacto Ambiental aprobada previamente. Una vez cumplido ese paso, el Ministerio convocó entre febrero y marzo a un ciclo de charlas técnicas "que luego fueron utilizadas como sustituto del proceso de participación ciudadana, algo que el municipio considera absolutamente irregular". "Estos espacios convocados por el Ministerio y organizados por la propia empresa los vuelve parciales y contrarios al espíritu de las Audiencias Públicas Ambientales establecidas por normativa nacional e internacional", expresaron. La aprobación de esta solicitud se concretó el 12 de mayo de este año, pero en el municipio que conduce Eduardo Córdoba aseguraron que fueron notificados recién dos meses y medio después.

La Municipalidad remarcó que ni sus objeciones presentadas ni las voces de la comunidad fueron consideradas. Además, advierte que esta autorización "se da sin que la empresa haya remediado los daños causados por campañas anteriores, especialmente en Campo Grande, donde desde 2019 se viene reclamando". "El proceso de remediación iniciado es incompleto y técnicamente deficiente, y a la fecha no existe un Plan de Remediación adecuado, mientras los impactos sobre el ambiente continúan", reclamaron.

El municipio sostiene que "la aprobación de actividades mineras sin información suficiente, sin participación ciudadana y sin garantizar la protección ambiental constituye una violación a derechos fundamentales, como el derecho a vivir en un ambiente sano y el acceso al agua". "Las autoridades tienen el deber de garantizar el ejercicio de estos derechos, no de habilitar su vulneración", apuntaron y aseguran que seguirán trabajando con un equipo técnico especializado en el monitoreo y control del proceso, para resguardar a la comunidad y al territorio.