Piden la remoción del juez Maraniello por prohibir la difusión de los audios de Karina Milei

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de remoción contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, a cargo del Juzgado Federal N.º 5. La solicitud se basa en el fallo que el magistrado dictó el 1 de septiembre, mediante el cual prohibió la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

"Presentamos formalmente una denuncia y solicitud de inicio del procedimiento de remoción contra el juez Maraniello porque nuestro objetivo es que sea apartado de su cargo por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", informó la entidad a través de un comunicado.

El Observatorio consideró que la decisión judicial genera un "bozal legal" con "efecto intimidante" sobre la prensa y la ciudadanía. Calificaron la medida como "un acto de manifiesta arbitrariedad", ya que el magistrado reconoció desconocer el contenido de los audios y basó su prohibición en "una mera especulación de graves repercusiones".

"El fallo no es un simple error jurídico, sino una grave desviación de los deberes de un magistrado de la Nación, atacando la labor de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial, y socavando la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público", remarcaron desde la organización.

El fallo de Maraniello había ordenado que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas cesaran la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada, que se difundieron el 29 de agosto y fueron atribuidos a Karina Milei. "Corresponde admitir la protección cautelar requerida", sostuvo el magistrado al justificar la medida.

 
La resolución respondió a la denuncia del Gobierno nacional, que a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich presentó un escrito en el fuero federal. El planteo apuntó a una presunta "operación de inteligencia ilegal" cuyo objetivo habría sido "desestabilizar al país en plena campaña electoral" mediante la filtración de grabaciones privadas.

Según el texto presentado por la cartera de Seguridad, la maniobra constituyó "un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia". Además, advirtió que se trataría de "una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520".

De acuerdo con la denuncia, la secuencia incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su difusión con fines políticos, lo que agrava la situación al haberse producido según se sospecha dentro de la propia Casa Rosada, en vísperas de las elecciones legislativas.