
Se investiga una presunta red interna que habría exigido pagos a camioneros en controles viales, especialmente en el puesto de Sampacho (Córdoba).
La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, solicitó audiencia de control de detención para el abogado Nahuel José Augusto Filippin, en la causa que se lo investiga por desobediencia judicial. La medida fue requerida al Juzgado de Control de Garantías N°4, a cargo de Marcelo Sago, quien fijó la audiencia para este viernes a las 9.
El hecho que se le endilga ocurrió el 30 de agosto, tras ser arrestado en la esquina de Salta y Perú, luego de haber dejado en su vehículo una tobillera electrónica que tenía instalada por orden judicial. Con esta conducta incumplió la resolución que le impuso el uso del dispositivo dual bajo apercibimiento de revocatoria de la libertad. Por esta razón se le imputó el delito de “desobediencia judicial en calidad de autor”.
Filippín será juzgado por "abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario" por un hecho ocurrido en febrero de 2024 junto a Neri Sarmiento Balastegui, quien está imputado como "autor" del mismo delito y llegará a juicio en libertad. El abogado además, será juzgado por "encubrimiento agravado por ánimo de lucro en calidad de coautor" y "hurto simple".
Se investiga una presunta red interna que habría exigido pagos a camioneros en controles viales, especialmente en el puesto de Sampacho (Córdoba).
Su camioneta fue encontrada varada en una zona de difícil acceso, pero no hay rastros de ellos.
El acusado de doble femicidio y homicidio se encontraba alojado en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú y ahora se está en la cárcel Cruz del Eje.
Hubo diez detenidos en 14 allanamientos.
Hay dos detenidos
El piloto argentino volvió a la acción tras promediar un buen fin de semana en Singapur y terminó adelante de su compañero francés.
En el 80° aniversario del 17 de octubre, el Partido Justicialista se moviliza esta tarde hacia el domicilio de la ex mandataria en Constitución.
En el Congreso avanza la hipótesis de que la Casa Rosada subejecuta programas sociales financiados por organismos internacionales para retener los fondos en el Tesoro.
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Hubo diez detenidos en 14 allanamientos.