Los grandes beneficiarios de una medida desesperada

La eliminación temporaria de las retenciones a las exportaciones, presentada por el Gobierno como un alivio para el campo, se revela en los hechos como una decisión desesperada para obtener dólares en el corto plazo. Una decisión que, lejos de favorecer a los productores, termina siendo un beneficio exclusivo para los grandes exportadores, en su mayoría cerealeras multinacionales que aprovecharon la ventana para maximizar ganancias.

Los pequeños y medianos productores, que por necesidades económicas ya habían vendido sus granos antes de la medida, quedaron fuera de cualquier beneficio. No solo no recibieron un precio mejorado, sino que ahora asisten a la posibilidad de que los productos que generan aumenten en el mercado interno, con el consiguiente impacto en el costo de vida de la población.

La mecánica del esquema provocó, por ejemplo, que una sola de las empresas más grandes inscribiese ventas por 4.200 millones de dólares, lo que equivale al 60% del cupo total. El periodista especializado Matías Longoni, en un hilo publicado en “X”, expuso con crudeza cómo se gestó el aprovechamiento: “Economía permitió que se anotaran DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) a diestra y siniestra, sin ningún límite ni condición. Las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron y se aprovecharon de la necesidad de los cráneos del Palacio de Hacienda”. Y agregó: “La soja que compraron antes de esta semana, ya la pagaron descontando retenciones. Y la venderán sin pagarlas al fisco”. La sospecha que circula es aún más grave: la mayor parte de las declaraciones de venta corresponderían a mercadería que todavía no compraron, lo que significa que, desde ayer, con el regreso de las retenciones, volverán a descontarlas de los precios. Así, el beneficio jamás se traslada al productor.

El costo de este artilugio recae sobre las espaldas del Estado: más de 1.500 millones de dólares de recaudación resignada. Recursos que podrían haberse destinado a reforzar la asistencia a los sectores sociales más golpeados por el ajuste fiscal y no a engrosar las utilidades de empresas fuertemente concentradas.

La conclusión es inevitable: la medida no tuvo un diseño que contemplara a quienes sostienen la producción agropecuaria nacional ni a los consumidores que padecen la inflación de alimentos. Fue un gesto desesperado que privilegió al capital exportador por sobre la sostenibilidad de la economía y la equidad social.

En política agropecuaria, lo esencial no es la especulación financiera de corto plazo, sino un rumbo estratégico que apoye a los pequeños y medianos productores, que impulse la generación de empleo, promueva el agregado de valor en origen y contribuya a la construcción de soberanía alimentaria. Lo contrario -decidir a contramano de la planificación y bajo la presión de la urgencia coyuntural- no hace más que agravar las desigualdades y comprometer el futuro.