El Gobierno publicaría un conteo nacional propio pese al límite de la Justicia Electoral

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno nacional evalúa avanzar con la difusión de un conteo nacional propio de los resultados provisorios, más allá de las restricciones impuestas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) en su acordada 138/2025.

La disposición judicial establece que los datos del escrutinio provisorio deberán presentarse solo por distrito electoral, conforme a lo que establece el Código Electoral Nacional y la Constitución. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que el texto del tribunal "no prohíbe expresamente" la publicación de un total global que consolide los resultados de todo el país.

De acuerdo con fuentes oficiales, los equipos técnicos de la Dirección Nacional Electoral (DINE) trabajan en diferentes alternativas para mostrar un panorama general de los votos a nivel nacional sin vulnerar la letra de la acordada. "La Cámara puede prohibir, pero no puede recomendar", argumentaron desde el Ejecutivo, en alusión a la posibilidad de difundir, junto con los resultados por distrito, una sumatoria nacional por fuerzas políticas.

El texto judicial, firmado por los jueces de la CNE, aclara que la presentación de datos deberá "respetar el criterio de división por distrito electoral" y advierte que cualquier intento de unificación podría "generar confusión o influencia indebida sobre la opinión pública". Pese a ello, el Gobierno explora la posibilidad de agregar al portal de resultados un apartado informativo que consolide la información total del país.

La estrategia responde, según admiten en Balcarce 50, a un interés político y comunicacional: el oficialismo busca centrar la atención en el desempeño nacional de La Libertad Avanza (LLA), que compite con listas propias en los 24 distritos del país. En cambio, la coalición Fuerza Patria, que reúne al peronismo y otros espacios aliados, presentó candidaturas unificadas en solo 14 provincias, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco.

En otras jurisdicciones —como Mendoza, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz— el oficialismo participa con sellos provinciales, algunos con identidades electorales distintas. En ese contexto, el Gobierno analiza excluir del conteo global a las listas peronistas que no estén dentro del esquema de Fuerza Patria, con el objetivo de mostrar un número total "limpio" que refleje el apoyo directo a la coalición que respalda al presidente Javier Milei.

En la mesa chica de Balcarce 50 reconocen que esperan resultados adversos en varias provincias, pero confían en que la sumatoria nacional de votos servirá para equilibrar el mensaje político. "Queremos mostrar crecimiento y consolidación en el Congreso, más allá del resultado en cada distrito", señalaron fuentes del entorno presidencial.

El cálculo interno que manejan en el oficialismo ubica a La Libertad Avanza en un rango de entre 30 y 40 puntos a nivel nacional, con una proyección de entre 70 y 80 bancas legislativas tras la elección. La meta oficial es comunicar una imagen de fortaleza y gobernabilidad frente a los mercados y ante los interlocutores internacionales, en especial el Gobierno de Estados Unidos, que sigue con atención la evolución política argentina.

La preocupación en el Gabinete también pasa por la reacción del mercado en el día posterior a los comicios. Una victoria significativa de la oposición podría provocar volatilidad cambiaria y presión sobre los bonos soberanos, por lo que el Ejecutivo prepara un plan de contención discursiva y una narrativa basada en el crecimiento parlamentario libertario.

En ese marco, la posible difusión de un conteo nacional alternativo se perfila como parte de una estrategia más amplia de control del relato político y económico. Aun cuando la CNE busca garantizar la transparencia y evitar lecturas distorsionadas, el Gobierno apuesta a sostener su propia interpretación de los resultados para proyectar estabilidad institucional y continuidad de gestión.

De concretarse, el anuncio podría reavivar la tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia Electoral, que ya tuvo episodios previos de fricción durante el proceso de fiscalización y auditoría del sistema de transmisión de datos. Por ahora, en el Gobierno mantienen la cautela: prometen acatar la resolución judicial, pero no descartan una publicación paralela que consolide los resultados de todo el país y permita fijar su propio marco interpretativo de la jornada electoral.