Se consolida la crisis habitacional y los desalojos económicos alcanzan un récord histórico

El relevamiento, que reúne respuestas de 808 hogares distribuidos en 16 provincias, expone las consecuencias de la desregulación sobre los sectores medios y populares. El valor mediano del alquiler a nivel nacional alcanzó los $656.500, registrando un incremento del 12% en apenas seis meses, cifra que supera holgadamente la evolución de los ingresos promedio en el mismo período.

La sobrecarga habitacional deriva directamente en una espiral crediticio insostenible. El 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, alcanzando un pico del 80,5% en las provincias del interior. Lo preocupante es el destino de los créditos: el 55% se endeudó para comprar comida, el 66% refinancia saldos de tarjetas de crédito y un 37% tomó préstamos para pagar el alquiler. La mora es el desenlace de este estrangulamiento, ya que el 38% de los encuestados registra atrasos en sus compromisos financieros, porcentaje que trepa al 73% entre quienes destinan más del 70% de sus ingresos al contrato locativo.

Para intentar cerrar la brecha, los trabajadores se sobreexplotan laboralmente: la tasa de pluriempleo entre los inquilinos escaló de manera ininterrumpida en los últimos tres relevamientos, pasando del 43,1% en diciembre de 2025 al 45,8% en marzo de 2026 y tocando un 47,4% en junio de 2026. En paralelo, un 32,9% de las personas encuestadas reportó haber tenido que sumar un trabajo secundario en el último año. La fragilidad habitacional afecta además con mayor severidad a las mujeres, quienes encabezan el 74% de los hogares en situación crítica.

Frente a un escenario donde el 78% de los contratos se actualiza cada tres o cuatro meses y el 65% se ajusta mediante el Índice de Precios al Consumidor, un 96% de las familias inquilinas rechaza los aumentos atados a la inflación y exige actualizaciones vinculadas a la evolución salarial o mediante una mediación pública. Además, el 84% solicita retornar a contratos de tres años de duración, el 57% busca aumentos con frecuencia anual y un 85% sostiene que no debe abonar expensas extraordinarias ni gastos de administración. Las mediciones acumuladas confirman que ninguna variable muestra alivio y el acceso a la vivienda se consolida como uno de los focos de mayor tensión social en el país.