Denuncian a autoridades de CAMYEN por vulnerar un área protegida

Área protegida

La discusión se vincula con el régimen de protección de Campo de Piedra Pómez, Volcán Blanco y Laguna Purulla. En 2012, durante la gestión de Lucía Corpacci, el Gobierno provincial formalizó la creación del Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez e incorporó esos sectores al esquema de protección. La medida fue presentada entonces como una herramienta para conservar los recursos naturales, ordenar el turismo, evitar la extracción no regulada y establecer condiciones para su uso.

Según la normativa citada en la denuncia, el aprovechamiento de recursos dentro de áreas protegidas debe ajustarse a condiciones específicas, entre ellas la evaluación de impacto ambiental y la intervención previa de la autoridad competente.

Los proyectos en la zona

En ese escenario aparecen distintos proyectos y actividades mineras en la zona. En Laguna Purulla se encuentra el proyecto de exploración de litio Campo Blanco, asociado a CAMYEN y World Metals Alloys (WMA). El área de intervención se ubica en los bordes de la laguna, señalada por su importancia como hábitat de nidificación de la parina grande o flamenco andino. La denuncia plantea determinar qué permisos, estudios ambientales y autorizaciones respaldan las tareas de exploración.

En el entorno de Carachi Pampa también se desarrolla el proyecto de litio Kachi, del Morena del Valle Minerals, subsidiaria de Lake Resources. Pobladores y prestadores turísticos han expresado preocupación por el tránsito de camiones, el ruido de las perforaciones y efectos sobre aguas subterráneas.

Cerca de Campo de Piedra Pómez existen además antecedentes de extracción de minerales no metalíferos, entre ellos diatomita o puloy. Guías y vecinos señalaron impactos por residuos, circulación y alteraciones del paisaje, mientras que los explotadores sostienen derechos previos.

El planteo de la denuncia busca establecer si los derechos de exploración cuestionados fueron otorgados de acuerdo con el régimen aplicable y si se cumplieron las instancias ambientales exigidas.

La investigación deberá también determinar qué instrumentos se utilizaron, quiénes intervinieron, qué informes respaldaron las decisiones y si hubo autorizaciones ambientales previas. Bustos pidió que la Fiscalía ordene las medidas solicitadas e incorpore antecedentes de la empresa. Esas diligencias permitirán establecer si hubo irregularidades y, en caso de corresponder, si las conductas pueden encuadrarse en alguno de los delitos denunciados.