La Fiscalía profundiza la investigación sobre el patrimonio de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita pedirá medidas para verificar las operaciones con criptomonedas declaradas por el exfuncionario y el costo de las refacciones de su vivienda en Exaltación de la Cruz.
NACIONALES 27/09/2026Primeras LíneasPrimeras Líneas

El fiscal Gerardo Pollicita avanzará este lunes con nuevas medidas en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo será verificar las explicaciones que el exjefe de Gabinete presentó ante la Justicia sobre el origen y evolución de sus bienes.

Entre las principales medidas, la Fiscalía buscará realizar un peritaje sobre los movimientos de las billeteras virtuales de Adorni y revisar las ocho operaciones con criptomonedas mediante las cuales el exfuncionario afirmó haber obtenido US$591.544,61 antes de ingresar a la función pública.

El procedimiento estará a cargo de un especialista y será registrado. La intención es determinar si los movimientos aportados por la defensa coinciden con las fechas, montos y direcciones digitales consignadas en la documentación presentada en el expediente.

La defensa sostuvo que los fondos surgieron de la compra y posterior venta de Bitcoin entre 2014 y 2018. Para respaldar esa explicación, presentó un acta notarial que acredita la titularidad de ocho billeteras y puso a disposición de la Justicia las claves privadas.

Según esa versión, las criptomonedas fueron vendidas a particulares y los dólares obtenidos fueron recibidos en efectivo, sin operaciones a través de bancos o exchanges.

La Fiscalía busca ahora verificar técnicamente esa reconstrucción y establecer la trazabilidad de los activos digitales. Las medidas deberán ser autorizadas por el juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo del expediente.

También investigarán el costo de las refacciones

Otro de los puntos que será analizado corresponde a las obras realizadas en la propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Durante la investigación, el contratista Matías Tabar afirmó haber recibido alrededor de US$245.000 de la familia Adorni por los trabajos. La defensa cuestionó esa cifra y presentó un informe elaborado por un perito arquitecto que calculó el costo de las refacciones en US$174.954,58.

Para la Fiscalía, esa estimación realizada a pedido de la defensa no alcanza por sí sola para determinar cuánto se pagó efectivamente por las obras. Por eso, solicitará documentación que permita establecer si el costo se aproximó a los US$174.000 señalados por Adorni o a los US$245.000 mencionados previamente en el expediente.

La defensa también cuestionó parte de la documentación aportada por Tabar y señaló diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes y facturas correspondientes a materiales. Al mismo tiempo, reconoció que una parte de la relación económica se desarrolló de manera informal y mediante pagos en efectivo.

Las explicaciones de Adorni

Las nuevas medidas se producen luego de que Adorni respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Pollicita para explicar la evolución de su patrimonio durante el período investigado.

La causa analiza su situación patrimonial durante su paso por la función pública, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el origen de las tenencias de dólares en efectivo que aparecieron en sus declaraciones juradas rectificativas. La defensa afirmó que una parte significativa de esos fondos provenía de la liquidación de Bitcoin y sostuvo que las ocho billeteras utilizadas generaron US$591.544,61.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Adorni, posteriormente utilizó esos fondos para afrontar distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias. Entre ellas se encuentran las obras realizadas en Indio Cuá y la compra de un inmueble ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

La investigación continúa y las medidas solicitadas por la Fiscalía deberán contar con la autorización del juez federal a cargo del expediente.

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