Primeras LíneasEl Gobierno nacional profundizó su plan de reducción y reorganización de la red registral automotor al oficializar el cierre operativo de 72 Registros Seccionales distribuidos en distintas provincias del país. La medida quedó establecida mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.
La disposición se inscribe en un proceso de digitalización y optimización de los recursos públicos que, de acuerdo con los considerandos de la normativa, busca avanzar hacia una estructura con "esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano".
El nuevo esquema establece un plazo de 60 días hábiles improrrogables para completar el traspaso de la documentación y finalizar las operaciones de las dependencias alcanzadas. Durante ese período, los registros deberán avanzar en la reasignación de legajos y dominios hacia otras oficinas que permanezcan activas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los trámites.
La medida representa una nueva fase de la transformación del sistema registral automotor, que combina la reducción de dependencias físicas con la reorganización de las tareas administrativas y la digitalización de los procesos.
Supresión de 67 oficinas y cierre de otras cinco
La resolución contempla dos modalidades de cierre. Por un lado, dispone la supresión definitiva de 67 oficinas. Por otro, establece el cese operativo de otras cinco delegaciones cuyas bajas ya habían sido proyectadas en etapas anteriores.
En su conjunto, las medidas alcanzan a 72 Registros Seccionales distribuidos en diferentes jurisdicciones. La normativa comprende dependencias que, en su mayoría, se encontraban intervenidas debido a vacantes en los cargos de encargados titulares.
El proceso de cierre será paulatino, mientras se concretan las tareas de reasignación de documentación y de los dominios registrados. Los legajos deberán ser trasladados a otras sedes operativas de la región, de manera que los usuarios puedan continuar realizando las gestiones vinculadas con sus vehículos.
La reorganización también supone una redistribución de la demanda entre las oficinas que seguirán funcionando. Las dependencias alcanzadas dejarán de operar, mientras que los registros activos asumirán las tareas que hasta ahora se desarrollaban en las sedes eliminadas.
El mapa de los cierres y qué pasa con Catamarca
La medida tiene alcance nacional y comprende registros de distintas provincias. La mayor cantidad de dependencias alcanzadas se concentra en algunos de los principales distritos del país.
El detalle informado incluye:
Provincia de Buenos Aires: 19 oficinas.
Santa Fe: 13 dependencias.
Córdoba: 10 oficinas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 7 oficinas.
Además, el proceso de reorganización incluye recortes en Entre Ríos, Chaco, Corrientes, La Rioja, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
La distribución de los cierres muestra que la medida no se limita a una región específica, sino que alcanza a diferentes jurisdicciones del territorio nacional. La resolución establece que las oficinas involucradas deberán cesar sus funciones de manera progresiva, en paralelo con el traspaso de los legajos y dominios a otras sedes.
Las oficinas activas absorberán los trámites
Desde el Ejecutivo remarcaron que la reestructuración no afectará la accesibilidad de los trámites vehiculares para los ciudadanos. La continuidad de la atención será sostenida mediante las oficinas que permanezcan en funcionamiento, que deberán absorber la demanda de las dependencias eliminadas.
Para llevar adelante esa tarea, los registros activos fueron autorizados a operar de manera integral en todas las categorías. La ampliación de competencias comprende trámites relacionados con:
Automotores.
Motovehículos.
Maquinaria agrícola.
Maquinaria vial.
Maquinaria industrial.
La autorización apunta a que las sedes que continúen operativas puedan atender las distintas gestiones que antes correspondían a los registros suprimidos. De este modo, la redistribución de tareas se articula con una ampliación de las categorías de vehículos y maquinaria sobre las que podrán intervenir las oficinas.
El plazo de 60 días hábiles improrrogables establecido por la resolución constituye el período previsto para completar el traspaso de documentación y reorganizar la atención. La continuidad de los servicios dependerá de la transferencia de los legajos y dominios hacia las sedes operativas correspondientes.
Una política que se suma a los cierres de 2024 y 2025
La nueva tanda de clausuras se suma a las reducciones implementadas durante 2024 y 2025, períodos en los que ya se habían suprimido más de 270 oficinas en total.
La reorganización actual profundiza ese proceso y consolida una transformación de la red registral automotor en la Argentina. La reducción de dependencias, la redistribución de trámites y la digitalización de los procedimientos forman parte de los objetivos señalados en la normativa.
Según los fundamentos de la medida, la optimización de los recursos públicos busca reducir el gasto administrativo y avanzar hacia una estructura de gestión simplificada y eficiente. La digitalización aparece como uno de los componentes centrales de esa transformación, orientada a modificar la forma en que se desarrollan los procesos registrales.
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