El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de la profunda crisis política y financiera que atraviesa el país, desatada por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias paraguayas. La medida adoptada por el Banco Central de Paraguay (BCP) dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y provocó un escenario de creciente tensión social, con fuertes cuestionamientos al Gobierno y reclamos por la devolución de los depósitos.
El mandatario anunció su decisión a través de un mensaje grabado que difundió en su cuenta de la red social X. En su declaración, Peña sostuvo que la dimisión respondía a la necesidad de preservar la estabilidad nacional y las instituciones democráticas.
"Tomé la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó.
La salida del jefe de Estado se produjo en un momento de extrema fragilidad política, cuando las consecuencias de la crisis bancaria comenzaban a impactar directamente sobre la continuidad de las principales autoridades del país. La renuncia de Peña se sumó a una serie de acontecimientos que involucraron al sistema financiero, al Poder Ejecutivo y al Congreso paraguayo.
El pedido de disculpas y la promesa de devolver los ahorros
En su mensaje de despedida, Peña también se dirigió a la población paraguaya y pidió disculpas por las posibles fallas cometidas durante su gestión. El presidente saliente manifestó que nunca tuvo la intención de defraudar la confianza depositada en él y señaló que su principal preocupación era la tranquilidad de quienes habían confiado sus ahorros al sistema financiero.
"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento fallé. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir", afirmó.
El mandatario puso especial énfasis en la necesidad de garantizar la devolución de los recursos comprometidos por la intervención bancaria. En ese sentido, expresó su deseo de que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con su finalidad y que, al mismo tiempo, se protejan los fondos públicos.
"Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación", señaló.
Peña concluyó su declaración con un mensaje referido a la prioridad de la estabilidad republicana por encima de cualquier cargo político. "Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y que Dios bendiga al Paraguay", expresó.
Dos jornadas de protestas y reclamos en las calles
La renuncia presidencial se conoció después de dos jornadas consecutivas de protestas en Asunción, donde miles de personas se movilizaron para exigir la devolución de su dinero y reclamar la salida del mandatario.
Las manifestaciones estuvieron atravesadas por una creciente tensión entre los ahorristas y las autoridades. Las concentraciones incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión, en un contexto en el que la crisis bancaria dejó de ser exclusivamente un problema financiero para convertirse en un conflicto político y social de gran magnitud.
El reclamo de los depositantes se concentró en la recuperación de los fondos que permanecían inaccesibles tras la intervención de Ueno Bank. La situación de millones de clientes generó una fuerte presión sobre el Gobierno, al tiempo que se multiplicaban las exigencias de explicaciones sobre las decisiones que condujeron a la intervención de la entidad.
La salida de Peña, en ese escenario, se produjo bajo la presión de las movilizaciones y de un proceso parlamentario que amenazaba con profundizar la crisis institucional.
El juicio político contra Peña y Pedro Alliana
En paralelo con el anuncio de la renuncia, la Cámara de Diputados de Paraguay debatía un pedido de juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa fue impulsada por sectores opositores, pero también recibió respaldo dentro del oficialismo.
El planteo parlamentario apunta al presunto mal desempeño de las funciones de ambos integrantes del Poder Ejecutivo y a posibles conflictos de intereses vinculados con las relaciones comerciales que el presidente mantuvo con el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank.
La oposición cuestionó, además, las decisiones regulatorias adoptadas por el Gobierno y el destino de fondos públicos y previsionales que habían sido depositados en la entidad financiera. Uno de los principales puntos de controversia se relaciona con la participación accionaria que Peña tenía en un grupo empresarial que controlaba el banco. El mandatario se desvinculó de esas acciones en 2025, aunque los sectores opositores sostienen que sus vínculos con el conglomerado empresarial constituyen un posible conflicto de intereses y lo acusan de haber favorecido a la entidad.
El avance del pedido de juicio político, en medio de la crisis bancaria y las protestas, colocó al Gobierno en una situación de fuerte debilidad política.
La intervención de Ueno Bank
La crisis se desencadenó el martes, cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus servicios.
La entidad concentra los depósitos de alrededor de tres millones de personas, una cifra que representa casi la mitad de la población paraguaya. La magnitud de los fondos comprometidos y la cantidad de clientes afectados colocaron a la intervención bancaria en el centro de la preocupación nacional.
El escándalo también tuvo consecuencias directas sobre las autoridades financieras. El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia, mientras que ocho directivos de la entidad bancaria fueron detenidos, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.
La intervención, las detenciones y las renuncias profundizaron los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y regulación del sistema financiero. En ese marco, la oposición puso bajo análisis tanto las decisiones del Gobierno como los vínculos empresariales del presidente con el grupo que controlaba el banco.





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