Difusión de imágenes íntimas: ratificaron la imputación contra los tres adolescentes

El fiscal Penal Juvenil, Guillermo Narváez, ratificó la acusación contra los acusados, mientras las defensas cuestionaron aspectos de la resolución judicial. También se apeló la exclusión de un joven de 18 años como querellante particular. La Cámara de Apelaciones dará a conocer su decisión el próximo 27 de noviembre.Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos
POLICIALES 18/11/2026Primeras LíneasPrimeras Líneas

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos llevó adelante una audiencia en el marco de la causa que investiga la producción y difusión de imágenes íntimas de una adolescente de 17 años, un expediente que se tramita en el ámbito del Tribunal Penal Juvenil y que involucra a tres adolescentes imputados. Durante la jornada, los camaristas Juan Rosales, Horacio Brizuela y Elena Berrondo Isí escucharon los planteos presentados tanto por las defensas de los acusados como por el abogado de un joven de 18 años que fue excluido de la querella particular.

La audiencia se desarrolló a puertas cerradas debido a las características del delito investigado, que es de instancia privada, y a que el expediente se encuentra bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil. La modalidad respondió a la necesidad de resguardar a las partes involucradas en el proceso.

Uno de los principales puntos abordados fue la continuidad de las imputaciones formuladas contra los tres adolescentes. En ese contexto, el fiscal Penal Juvenil, Guillermo Narváez, sostuvo su postura y ratificó la calificación legal atribuida a los acusados, insistiendo en que existen elementos para mantenerlos vinculados formalmente con los hechos investigados.

La imputación comprende los delitos de producción de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas, en concurso real con distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas.

El fiscal ratificó las imputaciones 

Durante su exposición, Narváez remarcó la resolución dictada por el juez de Control de Garantías Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, quien confirmó todo lo actuado en esta instancia del expediente.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, de acuerdo con el estado actual de la investigación, existen elementos de sospecha suficientes para avanzar con las imputaciones y convocar a declaración indagatoria a los tres adolescentes involucrados.

En ese sentido, la posición fiscal se apoyó en la decisión judicial que había ratificado las actuaciones realizadas hasta el momento, manteniendo la situación procesal de los acusados en relación con los hechos investigados.

Uno de los aspectos que quedó expresamente diferenciado durante la audiencia fue la situación del primer hecho, correspondiente a la producción del material. Sobre este punto se aclaró que la resolución se encuentra firme, por lo que no constituye el eje de la controversia planteada en esta instancia.

La discusión se concentró, principalmente, en el segundo hecho atribuido, relacionado con la difusión del contenido. Precisamente, sobre ese aspecto se dirigieron los cuestionamientos formulados por la defensa de dos de los adolescentes imputados.

Los cuestionamientos de la defensa

El abogado Luis Marcos Gandini, defensor de dos de los acusados, sostuvo que la resolución del juez Penal Juvenil no respondió uno de los fundamentos de nulidad que habían sido planteados oportunamente por la defensa.

A partir de esa omisión, el letrado consideró que la decisión judicial debía ser declarada nula, debido a que, según su interpretación, no habría existido un tratamiento completo de los argumentos presentados. El cuestionamiento estuvo dirigido específicamente a la descripción del segundo hecho investigado. De acuerdo con lo expuesto por Gandini, la resolución no determina con precisión cuándo habría ocurrido la difusión ni de qué manera se habría concretado.

El abogado señaló que la decisión se limita a mencionar que los adolescentes "difundieron un video", sin incorporar detalles que permitan establecer las circunstancias concretas de esa conducta.

De esta manera, mientras la fiscalía insistió en sostener las imputaciones y destacó que existen elementos de sospecha para avanzar en la investigación, la defensa volvió a cuestionar la fundamentación judicial en relación con la presunta difusión del material.

El reclamo del joven de 18 años para ser querellante

Otro de los planteos escuchados por los integrantes de la Cámara estuvo relacionado con la situación procesal de un joven de 18 años que había sido apartado de la querella particular y al que se le reconoció únicamente participación en calidad de ofendido.

El muchacho está representado por el abogado Daniel Ortega, quien apeló la resolución mediante la cual el juez Rodrigo Morabito modificó una decisión anterior y dispuso excluirlo como querellante particular.

La determinación había sido adoptada por el magistrado a instancias de la asesora de Menores, Carolina Acuña Barrionuevo. El fundamento central para disponer la exclusión fue que la imputación principal formulada por el fiscal Narváez tutela exclusivamente a víctimas menores de 18 años.

Frente a esa decisión, Ortega solicitó que se declare la nulidad de lo resuelto por el juez Morabito y que se restituya al joven su condición de querellante particular dentro de la causa.

La Ley de Víctimas y el nuevo Régimen Penal Juvenil

Para respaldar el reclamo, Ortega hizo referencia a las disposiciones de la Ley de Víctimas, que reconoce a toda persona ofendida o agraviada por un delito la facultad de participar en el proceso judicial. Además, incorporó como argumento la nueva Ley Nacional de Régimen Penal Juvenil, que establece expresamente que todas las personas agraviadas o damnificadas por delitos cometidos por adolescentes pueden formar parte del proceso.

Desde esa perspectiva, el abogado cuestionó que la edad de su representado haya sido utilizada como fundamento para impedirle intervenir como querellante particular. La exclusión se produjo porque el joven ya tenía 18 años, aunque, según destacó Ortega, apenas lo separaban unos meses de edad respecto de la adolescente de 17 años involucrada en la causa.

El letrado sostuvo que esa diferencia etaria no debería impedirle ejercer los derechos que considera correspondientes a una víctima directa del hecho investigado. En su exposición, explicó que su representado necesita participar activamente en el expediente para controlar el desarrollo del proceso, ofrecer pruebas y solicitar oportunamente que los responsables sean sancionados.

"Es una víctima directa y necesita ser parte del proceso para poder controlar, él mismo ofrecer prueba y poder, lógicamente, pedir oportunamente que sean sancionados los autores de ese hecho tan grave que le ha complicado la vida y le ha causado un perjuicio emocional importante, tanto a la chica como al propio joven", manifestó Ortega.

La Cámara resolverá los planteos el 27 de noviembre

Una vez finalizadas las exposiciones y los alegatos de las partes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos dispuso pasar a un cuarto intermedio para analizar los planteos presentados durante la audiencia.

Los camaristas Juan Rosales, Horacio Brizuela y Elena Berrondo Isí deberán pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados por las defensas de los adolescentes imputados y sobre el recurso presentado por el joven de 18 años que reclama recuperar su condición de querellante particular. La decisión tendrá como ejes centrales el planteo de nulidad referido a la descripción del hecho de difusión del material íntimo y la discusión sobre la legitimidad del joven para intervenir como querellante en el expediente.

Mientras tanto, la posición del fiscal Penal Juvenil, Guillermo Narváez, fue mantener las imputaciones contra los tres adolescentes, con el respaldo de la resolución del juez Rodrigo Morabito que confirmó las actuaciones realizadas durante esta etapa investigativa. En relación con el hecho de producción del material, se ratificó que la decisión se encuentra firme.

Por su parte, las defensas insistieron en sus cuestionamientos sobre la fundamentación de la imputación vinculada con la difusión, mientras que la representación del joven excluido de la querella reclamó que se reconozca su derecho a participar activamente en el proceso.

La resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos se conocería el próximo 27 de noviembre, fecha en la que se espera que los magistrados definan los recursos sometidos a su consideración.

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