
Ley Bases: el oficialismo bajó oradores, pero la votación sería el martes por la mañana
POLITICA Y ECONOMIA29/04/2024
Redacción Primeras líneas


La Cámara de Diputados inició este mediodía la sesión para debatir la nueva de Ley de Bases y Puntos de Partida que el Gobierno negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, para implementar una serie de reformas laborales, económicas y sociales en el país.
El comienzo del debate se dio pasadas las 12.20, con la presencia de 135 legisladores en sus bancas.
El oficialismo tiene la expectativa de aprobar sin nuevas modificaciones el proyecto.
Sesión maratónica
Los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados se reunieron hoy en labor parlamentaria y determinaron que la sesión no tendrá cuartos intermedios y se podría extender por más de 30 horas.
Antes del inicio del debate, los titulares de las bancadas se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y establecieron las reglas de la jornada.
Una vez comenzada la sesión, el oficialismo decidió bajar oradores para agilizar el debate, pero la votación, que será por capítulos, se llevaría a cabo recién el martes por la mañana.
El oficialismo rechaza nuevas modificaciones
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró hoy que La Libertad Avanza (LLA) tiene la expectativa de aprobar en la sesión de este lunes la Ley de Bases y subrayó que del recinto no los sacarán "ni muertos".
"Tengo fiebre, pero de acá no nos sacan ni muertos", enfatizó el riojano en declaraciones radiales. Además, adelantó que tras conseguir el dictamen de mayoría el jueves con consenso de la oposición dialoguista, no habrá nuevas modificaciones.
"No esperamos que haya modificaciones, tengo la expectativa que saldrá completa la ley", remarcó Martín Menem.
El presidente de la Cámara de Diputados se expresó así luego de que circulara una versión sobre que no iba a poder encabezar el debate.
Después de varias rondas de tires y aflojes en la negociación del texto de la Ley Bases, el oficialismo llegó al inicio de la sesión especial con la certeza de que tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, hay artículos clave que están en riesgo, empezando por el artículo 3 del capítulo de Reforma del Estado.
También pende de un hilo la reposición del impuesto a las Ganancias, reforma que está enmarcada en la Ley de Medidas Fiscales que se debate de forma conjunta con la ley ómnibus.
Esta situación de incertidumbre remueve viejos fantasmas, con el antecedente aún fresco de lo que sucedió en febrero pasado cuando producto de la caída de algunos incisos de la reforma del Estado, el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión del dictamen y el debate volvió a foja cero.
¿Podría repetirse ese escenario tan temido por el oficialismo? Es menos probable ya que esta vez el Gobierno llegó con niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas. Sin embargo, nadie se anima a descartar ese desenlace producto de lo que muchos (incluso dentro de la fuerza oficialista) catalogan como “la inestabilidad emocional” del presidente.
Temen que algún traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente de tal forma que lo desborde y lo lleve a patear el tablero aniquilando la discusión por segunda vez.
"Hagan lo que quieran con la ley bases, vamos a lograr todo a pesar a la política", dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Son palabras que resuenan como una amenaza para opositores colaboracionistas, que no quieren que se los vuelva a someter al escarnio público de ser cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.
Los artículos en riesgo
Según pudo constatar Noticias Argentinas a partir del diálogo con varias fuentes parlamentarias, el artículo tres del título Reforma del Estado está en riesgo porque los votos están muy divididos en los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal. En este último bloque los seis diputados de la Coalición Cívica votarán en contra, al igual que los dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y probablemente Juan Brügge.
Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional "a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada" ya sea "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades", o "la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Además, excluye del alcance a "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan".
Y se agregó a la lista de organismos exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Un sector del radicalismo que responde al diputado Facundo Manes y al senador Martín Lousteau piensa darle la espalda a esta facultad delegada para disponer sobre organismos públicos, más allá de las excepciones puntualizadas. En Hacemos Coalición Federal también hay resistencias internas de algunos sectores.
En cuanto al paquete fiscal, la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias está en duda. El mínimo no imponible fijado por el Gobierno en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros no conforma a sectores de la oposición dialoguista.


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