Alrededor de las 3 de la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación, aprobó la Ley de Esencialidad de la Educación, que obliga a las escuelas permanece abiertas durante los días de paro, declarando la educación como un servicio estratégico esencial.
La iniciativa, presentada por el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO), se aprobó con 131 votos afirmativos, 95 negativo y 2 abstenciones.
La misma tiene como objetivo regular el derecho de huelga en el ámbito educativo, asegurando que las instituciones escolares mantengan sus puertas abiertas y que los estudiantes continúen recibiendo clases.
Finocchiaro afirmó que la ley busca equilibrar el derecho de los docentes a realizar medidas de fuerza con el derecho de los estudiantes a recibir una educación continua.
La ley establece que, durante los primeros dos días de una huelga, el 30% del personal escolar debe estar presente para garantizar la continuidad de las clases. Si la huelga se extiende, este porcentaje aumentará al 50%.
Además, los equipos directivos de las escuelas deberán informar anualmente a las autoridades sobre el personal asignado para cumplir con esta normativa.
En defensa de su propuesta, Finocchiaro explicó que la ley no busca vulnerar el derecho de huelga, sino regularlo para garantizar que las escuelas permanezcan operativas. "Es un proyecto que vengo trabajando hace 14 años", afirmó, destacando la necesidad de una guardia mínima de directivos, docentes y personal no docente para asegurar el funcionamiento de las escuelas durante las huelgas.
El proyecto también establece que la educación obligatoria en Argentina es un servicio estratégico esencial y una prioridad nacional, lo que refuerza la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento del calendario escolar completo, protegiendo los derechos de niños y adolescentes.
La aprobación de esta ley fue posible gracias a un acuerdo en labor parlamentaria entre diversos bloques, incluyendo la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, y la Coalición Cívica, quienes unificaron esfuerzos para garantizar los 180 días de clase en todas las escuelas públicas del país.
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