Silvana Carrizo exige informes sobre proyectos productivos inconclusos y pide auditoría al Tribunal de Cuentas

_La diputada y presidenta del bloque de la UCR presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas informen sobre el estado del Centro de Mejoramiento Genético de Nueva Coneta y otros programas que involucraron millonarios fondos públicos. “Una empresa vinculada a Dalmacio Mera —designado hoy como Defensor del Pueblo por el Poder Ejecutivo— recibió fondos públicos millonarios mientras él ocupaba cargos de decisión clave, como el Ministerio de Producción. Por su parte, Miranda, otro exministro de Producción, fue propuesto para integrar el Tribunal de Cuentas, el organismo que debe controlar el uso de esos mismos recursos. El entramado es tan burdo como alarmante: funcionarios que asignan fondos terminan luego en los cargos encargados de controlarlos”, advirtió la legisladora.

En una nueva iniciativa orientada al control y la transparencia del uso de fondos públicos, la diputada radical, Silvana Carrizo, presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial —a través del Ministerio de Desarrollo Productivo— informes detallados sobre el Centro de Mejoramiento Genético de Nueva Coneta, así como sobre otros planes y emprendimientos agroindustriales financiados total o parcialmente por el Estado entre 2016 y 2025.

Además, la legisladora pide que el Tribunal de Cuentas de la Provincia informe si intervino en carácter de órgano de control externo en dichos proyectos. “Frente a la falta de continuidad, evaluación y rendición de cuentas, esta Cámara no puede mirar para otro lado”, afirmó Carrizo.

Entre los casos citados, destaca el del Centro de Mejoramiento Genético, inaugurado en 2021 con una inversión inicial superior a los 90 millones de pesos. Según explicó la diputada, el programa fue gestionado por una UTE entre la empresa estatal AICAT S.E. y la firma privada AGROLEPAL S.R.L., cuyo titular, Alejandro Lauret, es cuñado del actual Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera. “La fuerte participación estatal y el vínculo familiar directo con un funcionario exigen, un mayor estándar de transparencia, la puerta giratoria entre los negocios privados y el poder público no solo vulnera la ética, sino que compromete gravemente la transparencia institucional”, remarcó.

Carrizo detalló que AGROLEPAL fue beneficiada con la compra de 14 toros de raza y 1.000 embriones, con un costo total cubierto en un 80% por el Estado, y que Lauret fue designado como responsable técnico del plan. Sin embargo, el centro fue desmantelado antes de cumplir siquiera su período mínimo de funcionamiento. “El circuito de mejora genética no se completó y no existen informes públicos sobre los resultados”, denunció.

Además del caso en Nueva Coneta, la diputada solicita al Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas informes sobre otros proyectos agroindustriales fallidos o abandonados, entre ellos:

* El “Plan Tomate” (2016–2017), que preveía una producción de 1.500.000 kilos destinada a DULCOR, nunca concretada.
* La bodega municipal “La Indómita” en Fiambalá, reconvertida en bodega exportadora, abandonada con maquinaria destruida.
* El caso de “Agroindustrias Pomán”, donde se adquirió la exfábrica Vanoli por $23 millones con financiamiento de AICAT, sin avances productivos visibles.

“El Estado no puede seguir financiando proyectos que luego quedan abandonados sin explicación ni consecuencias. Exigimos conocer si hubo controles, auditorías y si se detectaron irregularidades”, subrayó Carrizo, quien también pidió copia de todos los convenios, inventarios, informes técnicos, resultados, y documentación legal vinculada.

El proyecto establece un plazo de 15 días hábiles para que el Ministerio de Desarrollo Productivo brinde la información solicitada y para que el Tribunal de Cuentas remita cualquier informe, observación o dictamen emitido respecto a los programas señalados.

“Es deber de esta Cámara ejercer su rol contralor. La falta de resultados no solo afecta a los productores, sino que compromete la confianza pública en las instituciones”, concluyó la legisladora radical.