
Intentó evadir un control vehicular. En su fuga abandonó el cargamento de 243 blíster de midazolam.
Lo aseguró la fiscal del caso, Paola González Pinto. El crimen ocurrió en febrero de 2017 en la Capital.
POLICIALES 19/08/2025“Dirigieron todas las acciones para matar a Marcelino Pachado, aprovechándose que no podía defenderse”, expresó la fiscal Paola González Pinto en su alegato de apertura. Ayer en la sala de debates de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial se dio inicio al juicio por jurados por la muerte de Marcelino Pachado. El hecho de sangre ocurrió en febrero de 2017 y cinco personas –un hombre con sus tres hijos y un quinto sospechoso- comparten el banquillo de los acusados.
La jornada comenzó con la audiencia de Voir Dire; se seleccionó a 12 vecinos titulares –seis hombres y seis mujeres- y a otros cuatro suplentes. Luego, el juez director, Silvio Martoccia, explicó las primeras indicaciones al jurado popular, los jueces de los hechos.
Finalizada esta instancia, se dio continuidad a la audiencia con los alegatos de apertura. En la oportunidad, las partes expusieron sus teorías del caso. Cristian Marcelo Barros, sus hijos Nelson, Cristian y Marcelo y Gustavo Varela fueron imputados por el presunto “homicidio agravado por alevosía”. Este delito prevé la pena única de prisión perpetua, el máximo castigo estipulado en el Código Penal Argentino.
“Los cinco imputados son los responsables de este hecho. Deben responder por homicidio agravado. Al momento de los hechos se encontraban en pleno ejercicio de sus facultades mentales. Este delito es grave y es uno de los más aberrantes que tiene el Código Penal. Además, este hecho de matar a una persona se encuentra agravado por haber sido cometido por alevosía. Lo que significa que dirigieron todas las acciones para matar a Marcelino Pachado, aprovechándose que no podía defenderse”, sostuvo la fiscal del caso, González Pinto.
La representante del Ministerio Público remarcó que Pachado no podía defenderse. Sin embargo, los acusados hicieron lo que hicieron actuando sobre seguro, de manera despiadada. La fiscal describió la golpiza. Según González Pinto, esta agresión lo dejó sin posibilidades de defenderse, sin posibilidad de pedir ayuda y sin posibilidades de hablar si quiera. “Lo mataron sin piedad”, remarcó.
“Lo golpearon sin piedad, con patadas y golpes de puño, con pedazo de hierro y una madera. Más de 30 golpes impactaron en la cabeza, rostro, tórax y abdomen de Marcelino Pachado. Las lesiones dañaron seriamente su salud y su vida. Tuvo un lamentable final. La golpiza fue brutal y además lea pegaron con elementos capaces de dañar a una persona. Lo golpearon aprovechándose de que Marcelino estaba ebrio, sin poder reaccionar, sin poder defenderse, sin poder hablar ni pedir ayuda. Lo golpearon hasta dejarlo completamente inconsciente. Uno de ellos lo ahorcó. Lo dieron por muerto.
Lo envolvieron en una sábana, lo llevaron en un automóvil y lo trasladaron a la vera del Río del Valle. Lo dejaron tirado y lo dieron por muerto. Lo trataron sin ningún tipo de compasión. Él ya no podía pedir ayuda”, precisó. También recordó que la víctima fue encontrada y trasladada al Hospital San Juan Bautista. En este centro de salud pudo recibir asistencia médica y por sus heridas debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva. No obstante, Pachado falleció días después.
“Luego de haberlo descartado, los imputados enterraron las sábanas, el palo y los hierros en el fondo de la casa. Inutilizaron el automóvil –en el que lo trasladaron- y lo descartaron, donde fue encontrado años después totalmente destruido. A Marcelino Pachado lo mataron despiadadamente. Lo golpearon e intentaron rematarlo. Creyeron que Pachado estaba muerto y lo descartaron”, remarcó.
Luego de los alegatos de apertura, se pasó a un cuarto intermedio. La audiencia se reanudó a la tarde. Se escucharon tres testimonios y se desistió de la presencia de cuatro testigos. La audiencia continúa hoy con una nueva ronda de testigos.
Expediente
El 7 de febrero de 2017, Marcelino Pachado sufrió un ataque salvaje que incluyó golpes de puño y también con un palo de madera y un hierro. Le pegaron hasta dejarlo inconsciente. La agresión brutal ocurrió en la vivienda de los Barros, ubicada en el barrio Montecristo. Sucedió cuando Pachado estaba dormido. Tras la paliza, lo envolvieron con sábanas y lo trasladaron en el baúl de un auto hasta la vera del Río del Valle, el lugar en donde fue hallado.
En noviembre de 2018, la causa tuvo un primer juicio. El debate se llevó a cabo en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación. En la ocasión, el único sospechoso que ocupó el banquillo de los acusados fue absuelto. Esta persona había sido imputada por el delito de “homicidio simple” y tras haber pasado cerca de un año y seis meses privado de la libertad, los jueces de este Tribunal lo absolvieron.
En un primer momento hubo dos sindicados como posibles responsables. Sin embargo, la otra persona sindicada fue declarada inimputable y solamente un único sospechoso pudo ser imputado. Finalmente, resultó absuelto. En los fundamentos, se remarcó que uno de los testigos puso énfasis en una situación particular. Se sabía que Marcelino Pachado era un hombre alcohólico, que había hecho tratamientos de rehabilitación y que cobraba una pensión mínima por discapacidad. Cuando cobraba, era ‘el pagador’ entre los amigos. En la audiencia señaló a una persona, quien había puesto mucho énfasis en un comentario puntual sobre la golpiza a Pachado, que finalizó con su muerte. Se dijo que Marcelino había sido llevado “engañado” y habría otras personas involucradas. No obstante, se remarcó que “todo era por comentarios. Se va de boca en boca porque así se sabe en el barrio”. Luis Armando Gandini, abogado de la defensa, había pedido la absolución porque, a su entender, su cliente “es juzgado solo por rumores. Hay dos víctimas: Pachado, quien perdió la vida, y mi defendido, quien perdió la libertad. Hay dos familias que vinieron a pedir justicia. La familia Pachado no quiere vengarse sino saber quién mató a su padre”, enfatizó. La causa se reactivó en julio de 2024. Por entonces, la fiscal González Pinto retomó la investigación y avanzó con nuevas pistas.
Luego del análisis investigativo, se identificó a los sospechosos y se realizaron allanamientos. Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios Montecristo, San Antonio Sur y Antapoca, en Valle Viejo.
Banquillo compartido
Imputados: Cristian Marcelo Barros, sus hijos Nelson, Cristian y Marcelo, y Gustavo Varela.
Imputación “homicidio calificado por alevosía”.
La acusación por la que deben responder prevé la pena única de prisión perpetua, el máximo castigo estipulado en el Código Penal.
Juez director: Silvio Martoccia.
Ministerio Público: fiscal del caso Paola González Pinto y fiscal de Cámara Augusto Barros.
Querella particular: Claudio Contreras y Ricardo Martín Villagra.
Defensa: Víctor García (por Varela), Juan Enrique Lebrón, Ana Córdoba y Germán Josué Bordón para Barros y sus tres hijos.
Intentó evadir un control vehicular. En su fuga abandonó el cargamento de 243 blíster de midazolam.
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En octubre último, un jurado popular los declaró culpables. Deben cumplir penas de 13 y 17 años de prisión.
Los episodios se registraron en Capital y en Santa María. Los sospechosos tienen menos de 30 años.
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