“La antipolítica frente a la realidad”

La estrategia de la victimización política empieza a convertirse en un recurso frecuente para ciertos dirigentes que construyeron su identidad desde la antipolítica, el rechazo a las instituciones y el discurso de “ser distintos”. Mientras les tocó denunciar, señalar y confrontar desde afuera, el relato encontró terreno fértil. La situación cambia cuando las instituciones intervienen, la Justicia avanza y las responsabilidades dejan de ser consignas para transformarse en hechos concretos.

El caso de Javier Galán expone esa contradicción. Durante mucho tiempo buscó mostrarse como alguien ajeno a “la vieja política”, enfrentado al sistema y distante de las prácticas que cuestionaba. Sin embargo, frente al avance de denuncias graves y actuaciones judiciales, la respuesta pública se concentró en instalar la idea de persecución y “doble vara”.

En ese contexto, vuelve a aparecer una actitud repetida dentro de ciertos sectores de la antipolítica: las instituciones son reconocidas mientras acompañan el propio discurso, pero pasan a ser cuestionadas cuando investigan, controlan o toman decisiones dentro de sus facultades.

Sin embargo, las instituciones no pueden funcionar condicionadas por discursos victimistas ni por el clima de las redes sociales. En Catamarca hubo procedimientos, intervenciones legales y decisiones respaldadas administrativamente. No hubo utilización política del conflicto ni sobreactuación pública. Hubo funcionamiento institucional.

Porque una cosa es el debate político y otra muy distinta es transformar cada investigación judicial en una batalla mediática o personal. Ser investigado no convierte automáticamente a nadie en perseguido político.

Además, empieza a notarse otro efecto que deteriora el clima institucional: trasladar cada miércoles a la Cámara de Diputados conflictos personales, escándalos mediáticos y discusiones cargadas de acusaciones permanentes termina bajando el nivel del debate legislativo. La sociedad espera que el Poder Legislativo discuta gestión, empleo, producción, obras y los problemas reales de la provincia, no sesiones atravesadas por enfrentamientos personales y discusiones propias del espectáculo político.

Ejercer representación pública implica aceptar controles, rendir cuentas y actuar dentro de las reglas institucionales. En una democracia, las instituciones deben poder funcionar con normalidad, incluso cuando las decisiones o investigaciones resultan incómodas para determinados dirigentes.