iva al esquema incluido en el Presupuesto 2027.
Redacción Primeras líneasEn paralelo, el oficialismo trabaja en una propuesta alternativa a la que figura actualmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Según sostienen en La Libertad Avanza, el nuevo esquema buscará superar el régimen de emergencia y será incorporado al debate presupuestario.
De esta manera, el Gobierno pretende descomprimir la polémica generada dentro del propio oficialismo en torno al capítulo sexto y a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso por el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 15 de septiembre. Esos puntos planteaban modificaciones que quedaron desalineadas del trabajo que La Libertad Avanza y sus aliados venían desarrollando en la Cámara de Diputados.
El proyecto de Presupuesto deroga varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos se encuentra el artículo 8°, referido a la protección de la salud, que establece que las personas con discapacidad titulares de una pensión no contributiva por discapacidad para protección social tienen derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas.
También contempla la derogación del artículo 9 de la ley de 1948 que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez. Esa normativa faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a las personas que no cuenten con recursos suficientes, no estén amparadas por un régimen previsional y sean mayores de 70 años o estén imposibilitadas para trabajar.
"Buscamos un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes. Nos interesa discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país, y creemos que este Congreso tiene un tiempo suficiente largo como para tratar luego el presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones", sostuvo la diputada Silvana Giudici.
Desde el oficialismo señalaron además que, durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto, se establecerá un cronograma para que los funcionarios expongan y defiendan las partidas correspondientes a cada área.
La propuesta original, que ahora sería reemplazada en su totalidad, planteaba eliminar el Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Esto implicaba dejar sin efecto un valor uniforme y obligatorio para todo el país, aplicable al Estado nacional, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el PAMI.
En ese marco, una de las principales modificaciones que se analizan consiste en mantener la actualización periódica del nomenclador. Sin embargo, el nuevo mecanismo no sería idéntico al vigente. La alternativa que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados con la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) explicó que el bloque trabaja en un concepto que busca superar lo que, según planteó, fueron históricamente las emergencias en la Argentina.
"Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia, a superar en conjunto estos conflictos que tenemos que algunos he escuchado hoy surgen recientemente pero que viene históricamente relegada de las políticas públicas en la Argentina", afirmó durante el plenario de comisiones.
La postura de la oposición
Los bloques de Unión por la Patria y el resto de la oposición firmarán este miércoles a las 12 el dictamen que propone prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa lleva las firmas de Juan Marino (Unión por la Patria), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (PU), Yolanda Vega (AF), María Inés Zigarán (PU), Victoria Tolosa Paz (UxP), Yamila Ruiz (AF), Nicolás Massot (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Martín Lousteau (PU) y Jorge "Gato" Fernández (Primero San Luis).
Sin embargo, todavía resta conocer qué posición adoptarán en los dictámenes los diputados de Argentina Federal, espacio con terminales en los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes mantienen conversaciones con el oficialismo.
El dictamen libertario
La propuesta que La Libertad Avanza viene consensuando con el PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales —entre ellas, la bancada Argentina Federal de Oscar Herrera Ahuad— deja de lado la calificación de "emergencia".
La iniciativa busca avanzar hacia un cambio de paradigma institucional. Desde LLA plantean "la superioridad de la ley permanente sobre el régimen de emergencia".
El objetivo es pasar de una lógica basada en medidas excepcionales a una legislación permanente. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, se busca reemplazar instrumentos temporales y dependientes del contexto por reglas de fondo aprobadas por el Congreso, con mayor previsibilidad normativa y control parlamentario.
En sus fundamentos, el oficialismo sostiene que las reformas estructurales necesarias para abandonar el subdesarrollo no deberían apoyarse en herramientas jurídicas de excepción. Bajo esa interpretación, la emergencia debe conservar su carácter extraordinario y temporal, mientras que las modificaciones permanentes de las reglas económicas e institucionales deben ser abordadas mediante leyes de fondo.
También se menciona la doctrina desarrollada por la Corte Suprema sobre las condiciones y límites constitucionales de las medidas de emergencia. Según esa interpretación, este tipo de medidas debe cumplir cuatro requisitos: la existencia de una crisis o situación excepcional, una finalidad de interés público, temporalidad y razonabilidad o proporcionalidad.
Según el oficialismo, una ley permanente permitiría establecer una planificación de largo plazo y mecanismos estables de financiamiento, control y actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad.
En cuanto a las pensiones no contributivas, el Gobierno mantiene su intención de avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento. La propuesta apunta a que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implique automáticamente el acceso al beneficio y que también sean evaluados el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.
No obstante, el oficialismo ahora contempla la posibilidad de compatibilizar las pensiones con el empleo formal. El proyecto original enviado junto con el Presupuesto establecía una incompatibilidad absoluta entre ambas situaciones, un punto que había sido cuestionado por sectores dialoguistas.
Otro de los aspectos en discusión es el reclamo de los diputados Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) por la situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, quienes reclaman compensaciones por atrasos acumulados durante 2024.
La intención es definir un mecanismo que permita afrontar esas diferencias e incorporar herramientas claras para su reconocimiento y pago durante los últimos meses de 2026 y en el Presupuesto del próximo año.
La crisis interna generada por el capítulo de Discapacidad incluido en el Presupuesto 2027 buscará encontrar una salida este lunes, cuando se reúna el gabinete nacional.
Presupuesto.
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