El diputado provincial Juan Carlos Ledesma (UP) presentó un proyecto de ley para eliminar la tracción a sangre animal (TAS) la que comúnmente se ve en nuestras calles de toda la provincia, en la misma propone sustituir los vehículos de tracción a sangre, los cuales consideró “un flagelo de aristas crueles y degradantes que vulneran la calidad de vida de humanos y caballos”.
El diputado sostuvo que no solo se busca proteger a los animales utilizados a tales fines sino que además mejorar la calidad de vida de quienes conviven con ellos al señalar “el objetivo de esta norma es que se concientice y se desarrolle una estrategia a los fines de ir modificando esta cultura del maltrato animal y la utilización de animales para carga y recolección informales con la forma de tracción a sangre animal por la de tracción a motor a combustible o eléctrico, mejorando la calidad de vida de dichos animales y las personas consecuentemente”.
La norma propuesta establece un plazo no mayor de dos años para terminar con la tracción equina y a la vez se establece penalidades para quienes cometan infracciones y sean reincidentes “asimismo dicha autoridad podrá proceder al secuestro del o los animales expuestos al maltrato o brutalidad en cuestión y a la guarda en tránsito hasta que se disponga de las multas correspondientes que podrán ser de entre 1 (un) y 3 (tres) salario mínimo, vital y móvil” y añadió “los gastos, costos y erogaciones que resultasen del secuestro y guarda, como así también por los cuidados, atención médica y/o remedios correrán por cuenta de los propietarios”.
En su artículo 3° del proyecto de ley propone como organismo de aplicación al “Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente que tendrá a su cargo y como objetivo principal la eliminación de la tracción a sangre animal, su corporalidad o animales en tareas de tiro y arrastre por la concientización del cambio por el de tracción a motor a combustible o eléctrico en un plazo no mayor de 2 (dos) años” finalizó.
Ahora el Senado deberá definir si insiste en la ley, que fue impulsada por la mayoría de los mandatarios provinciales. Siguen sin llamar a quienes no son sus aliados.
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