Amplían denuncia contra el gobernador Raúl Jalil y funcionarios por irregularidades en obras públicas

Los diputados provinciales del radicalismo Alfredo Marchioli, Alicia de la Quintana y Alejandra Pons presentaron una ampliación de la denuncia ante la Fiscalía en contra del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, y la vicepresidenta de Aguas de Catamarca SAPEM, Roxana Karina Más. La denuncia original, relacionada con la construcción del acueducto Valle Viejo, ahora incorpora nuevas pruebas que refuerzan las sospechas sobre la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con las funciones públicas y peculado.

Según explican los legisladores, nuevos elementos probatorios salieron a la luz, incluyendo documentos que evidencian el desvío de fondos millonarios hacia estas obras cuestionadas que de alguna manera "engordan los bolsillos y terrenos del Gobernador". 

Entre las pruebas, se destaca un giro de $4.621.386.928,25, registrado el 14 de agosto de 2004, para pagos de obras relacionadas con Aguas de Catamarca SAPEM. En el anexo del decreto correspondiente, se detalla una suma de $897.360.989,39 destinada al polémico acueducto Valle Viejo. Dicho proyecto fue señalado por beneficiar terrenos que incluyen un loteo vinculado al gobernador Raúl Jalil y su familia, en una zona prácticamente deshabitada.

Además, los diputados señalaron otro giro de fondos, con fecha 22 de diciembre de 2022, por $657.287.900,35 a Energía SAPEM, destinados a obras eléctricas. Entre estas, figura la construcción de una línea de media tensión en la zona costanera "Tres Puentes" del departamento Valle Viejo, por un valor actualizado de $744.550.760,18.

Los legisladores subrayaron que, durante las investigaciones preliminares, surgieron evidencias que involucran directamente a los denunciados. Tanto el gobernador Jalil como el ministro Niederle y la vicepresidenta Karina Más habrían tenido conocimiento y participación activa en estas decisiones, firmando actos administrativos que avalaron las transacciones irregulares.

“La incorporación de estas pruebas amplía significativamente el alcance de los hechos denunciados y refuerza la hipótesis de la comisión de delitos graves contra el erario público. Solicitamos formalmente que se agreguen estos elementos al expediente y se profundice la investigación", expresaron los diputados.

La denuncia busca esclarecer el destino de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la administración provincial.