El Gobierno apelará en EE.UU. y se niega a entregar mensajes de Caputo y Massa por el caso YPF

El Gobierno argentino anunció que no entregará los mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo, ni del exministro Sergio Massa, tal como ordenó la jueza estadounidense Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de YPF. En paralelo, el Ejecutivo presentará una nueva apelación ante la Justicia de Estados Unidos, con el objetivo de frenar el proceso de discovery que exige información sobre funcionarios y activos del país.

Fuentes oficiales confirmaron que la Procuración General del Tesoro defenderá esta posición en la audiencia de este martes con la jueza Preska y los fondos demandantes. Entre las alternativas en estudio figuran la solicitud de suspensión de la medida en la misma instancia o la elevación del reclamo a la Corte de Apelaciones.

 
En la Casa Rosada enfatizan que "de ninguna forma" entregarán datos privados de funcionarios actuales o de exintegrantes de la gestión. Argumentan que la magistrada se "excedió en su jurisdicción" al ordenar la presentación de esa información junto con datos sobre activos argentinos.

Estrategia oficial: apelar hasta la última instancia

Aunque el Gobierno busca evitar caer en incumplimiento de la sentencia y la imposición de eventuales multas diarias, un sector admite que podría suceder "si nos piden cosas que no vamos a dar". Desde el equipo jurídico presidencial bajaron la línea de "apelar hasta la última instancia".

 
La Procuración del Tesoro mantiene reuniones para definir la redacción de los escritos y la estrategia de defensa, que incluye no ofrecer ningún tipo de garantía mientras continúe el proceso formal de apelación del fallo que ordenó transferir acciones de YPF.

Reclamos de los fondos y panorama judicial

Los fondos demandantes, que obtuvieron una sentencia favorable por US$16.100 millones y autorización para cobrar con parte de las acciones de la petrolera, exigen pruebas que demuestren que YPF y el Estado argentino "son lo mismo", con el objetivo de identificar activos embargables. Desde la Casa Rosada insisten en que no habrá negociación con los acreedores.

Además, el Gobierno espera que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre su pedido de suspender la entrega de acciones mientras la apelación se encuentra en trámite. La definición incluirá la sala que intervendrá en el expediente.

 
En apoyo a la postura argentina, la administración de Donald Trump se presentó como amicus curiae. Paralelamente, el Gobierno ya notificó que, en caso de un fallo adverso, llevará su reclamo a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Las audiencias orales por la apelación de la sentencia de fondo se realizarán en la semana del 27 de octubre, después de las elecciones legislativas argentinas previstas para el domingo 26 de ese mes.