Juicio por YPF: Argentina gana tiempo con la suspensión de la entrega de acciones en EE.UU

Un nuevo capítulo se abrió este viernes en el juicio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes encabezados por Burford Capital.

La medida representa un alivio momentáneo para el Gobierno nacional, que venía de sufrir un duro revés judicial y enfrentaba el riesgo de perder el control accionario de la compañía.

Qué significa la suspensión y cómo sigue el caso

La decisión de la Cámara no implica que la Argentina haya ganado el juicio, sino que le otorga tiempo adicional mientras avanza la apelación formal en Estados Unidos. El Gobierno busca revertir tanto la orden de entrega de acciones como el fallo de septiembre de 2023, que lo condenó a pagar más de US$16.000 millones por la estatización realizada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Fuentes oficiales remarcaron que evitar la transferencia de acciones era una de las prioridades, ya que su ejecución podía provocar un daño irreversible mientras se discute el fondo del litigio.

Las próximas fechas clave

El 25 de septiembre la Argentina deberá presentar su primer escrito para defenderse de la orden de Preska.
El 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas, se realizará la audiencia oral en Nueva York, donde el país argumentará contra la sentencia que lo condena al millonario resarcimiento.

La Cámara de Apelaciones analizará los planteos de ambas partes antes de tomar una decisión definitiva sobre el destino de las acciones y el monto de la condena.

En paralelo, la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) intentó sin éxito anular la sentencia original e impulsar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionistas minoritarios al momento de la nacionalización.

La reacción del Gobierno

Desde el Ejecutivo celebraron la resolución judicial. "La decisión de la Cámara es un paso importante para proteger los activos estratégicos de la Argentina mientras se resuelve la apelación", señalaron fuentes oficiales.

De todos modos, especialistas advierten que la disputa está lejos de resolverse y que el país deberá negociar o encontrar alternativas para evitar un desenlace que impacte de lleno en las reservas y la economía nacional.

Por ahora, YPF continúa bajo control estatal y el Gobierno refuerza su estrategia legal para reducir el costo político y económico del caso más oneroso que enfrenta en tribunales extranjeros.