Senado: la oposición avanza con proyectos que desafían al Gobierno

La oposición en el Senado acordó una agenda parlamentaria que tensiona al Gobierno nacional y sesionará este jueves a partir de las 11 horas para tratar dos proyectos clave: la reversión del veto presidencial a la emergencia en discapacidad y la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Desde abril de 2025, tras el rechazo de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, el oficialismo no consiguió ningún triunfo en la Cámara alta.

Emergencia en discapacidad

La emergencia en discapacidad, aprobada en julio de este año, garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a prestadores de servicios —enfermeros, acompañantes y transportistas—, restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba los montos (en junio de 2025, la prestación alcanzaba $213.286,50). Además, incrementaba la remuneración de trabajadores con discapacidad en talleres asistidos, que cobran $28.000 mensuales desde febrero de 2023.

El proyecto contaría con un respaldo amplio en el Senado, superando los dos tercios necesarios, siguiendo la tendencia de votaciones recientes: la aprobación unánime de la emergencia en julio (55 votos a favor, 17 ausentes) y los respaldos a financiamiento universitario y emergencia pediátrica (58 y 60 votos, respectivamente). Si se concreta, sería el primer veto revertido desde 2003, cuando el Congreso anuló parcialmente un veto de Eduardo Duhalde sobre aranceles azucareros, según Hecha la Ley.

 
 
El rechazo del veto impediría a Javier Milei volver a recurrir a esta herramienta. Fuentes del oficialismo señalaron que podrían dilatar la ejecución de la ley, dejando que los beneficiarios eleven demandas judiciales para reclamar el cumplimiento pleno de las prestaciones, tal como ocurrió en la movilización frente a la Agencia Nacional de Discapacidad esta semana y en la medida judicial impulsada desde la Gobernación de Salta.

Reforma de los DNU

Parlamentarios de PRO, radicales, kirchneristas y provincialistas acordaron reformar la Ley 26.122, que regula los DNU presidenciales. La propuesta establece que ambas cámaras del Congreso tendrán 90 días para ratificar los decretos, en lugar de revocarlos, y delimita los criterios de necesidad y urgencia, vinculando cada DNU a un área técnica específica para evitar "megadecretos" como el 70/2023.

Una iniciativa similar había sido dictaminada en Diputados en noviembre de 2024, pero no alcanzó quorum para tratarse. Esta vez, Unión por la Patria respalda la reforma, garantizando mayoría para un proyecto sin costo fiscal. Queda por ver si el Ejecutivo volverá a vetarlo.