El oro del Banco Central y la diferencia entre revalorizar una herencia y hacer negocios con ella

La suba internacional del oro reabrió una discusión incómoda para el Gobierno: cuánto de los resultados que exhibe el Banco Central responde a la valorización de activos acumulados durante décadas y cuánto a las decisiones financieras de la actual gestión.

En economía, los números pueden mostrar una ganancia sin contar toda la historia. Y eso es precisamente lo que está en discusión alrededor de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en medio de las explicaciones del ministro Luis Caputo y del titular de la entidad, Santiago Bausili.

La historia de esas reservas no comenzó con Javier Milei. En 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Banco Central incorporó 55 toneladas de oro. En 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, sumó otras 224.000 onzas, equivalentes a unas siete toneladas. Así se llegó a una tenencia cercana a las 62 toneladas que hoy vuelve a ocupar el centro del debate económico.

El dato importa porque permite distinguir dos cuestiones diferentes: una cosa es comprar un activo y otra es beneficiarse del aumento de su precio. El oro subió con fuerza en los mercados internacionales y eso incrementó el valor de las reservas argentinas, independientemente de quién gobierne.

Pero la discusión se volvió más compleja cuando la Auditoría General de la Nación informó sobre las operaciones financieras realizadas durante 2025. Según lo difundido por la agencia EFE, esas operaciones vinculadas al oro dejaron una pérdida de US$1.023 millones, mientras que la revalorización del metal produjo una ganancia patrimonial estimada en US$5.195 millones.

El Banco Central, por su parte, defendió su estrategia y aseguró que el resultado neto de la posición en oro fue positivo en US$2.505 millones. La diferencia entre ambas interpretaciones obliga a examinar la metodología contable, los instrumentos utilizados y el resultado conjunto de las operaciones, en lugar de quedarse únicamente con una cifra.

La cuestión de fondo es sencilla de comprender. Si una persona hereda un automóvil, pierde dinero en una apuesta y luego el vehículo aumenta de precio, no puede atribuirse automáticamente una ganancia a su decisión de apostar. El valor del automóvil y el resultado de la apuesta son dos cuestiones distintas, aunque ambas incidan en su patrimonio.

Con las reservas públicas ocurre algo similar: la valorización de un activo no debe confundirse con el rendimiento de las operaciones financieras realizadas sobre él. Tampoco corresponde concluir que toda pérdida de una cobertura implica un mal negocio, porque ese instrumento puede cumplir la función de proteger frente a una eventual caída del precio. Lo que importa es el resultado final y si la estrategia estuvo debidamente justificada y controlada.

Por eso, el debate no debería reducirse a una disputa entre oficialismo y oposición. Si el Gobierno sostiene que obtuvo resultados extraordinarios, debe explicar con claridad qué parte proviene de la suba internacional del oro, qué parte corresponde a otras operaciones y cuánto quedó efectivamente después de computar los costos y las pérdidas.

Las reservas pertenecen al país, no a una administración circunstancial. Su historia incluye decisiones de gobiernos anteriores, mientras que su administración presente y sus riesgos corresponden a las autoridades actuales.

El oro puede valer más sin que el Gobierno haya comprado un solo lingote. La verdadera discusión es qué hizo la gestión con ese patrimonio y cuál fue el resultado de sus decisiones. En materia de recursos públicos, una cifra positiva es apenas el comienzo de la explicación, no el final.