EL IMPUESTO QUE PAGAMOS EN EL SURTIDOR Y TERMINA EN LA TIMBA FINANCIERA

Hay algo que conviene recordar cada vez que cargamos combustible: cuando pagamos nafta, no estamos pagando solamente combustible. Una parte del precio son impuestos y entre ellos existen recursos destinados al sistema vial, fondos que deberían volver a la sociedad en forma de mantenimiento, reparación y construcción de rutas nacionales. El automovilista paga, el camionero paga, el productor paga y el trabajador paga. La pregunta es sencilla: ¿dónde termina esa plata?

La respuesta resulta difícil de digerir. El Gobierno nacional recaudó desde 2024 más de $1,5 billones a través del fideicomiso destinado a obras viales, pero ejecutó solamente una parte de esos recursos. Más de un billón de pesos permanecía sin aplicarse a obras viales y fue colocado en instrumentos financieros. Y lo más llamativo es que el propio Gobierno reconoció que esos fondos son utilizados por Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”. Es decir, mientras las rutas esperan mantenimiento, la plata que los argentinos pagan para sostenerlas se utiliza para sostener las cuentas del Gobierno.

Y ahí aparece la contradicción. Una cosa es discutir cuánto debe gastar el Estado. Otra muy distinta es cobrarle a la sociedad un impuesto que tiene un destino determinado y después utilizar esos recursos para otra cosa. Porque el déficit cero puede cerrar en una planilla de Excel, pero las rutas no se arreglan con Excel. Se arreglan con asfalto, señalización, banquinas, mantenimiento y obras. Y cuando eso no ocurre, el costo no lo paga solamente el presupuesto: lo paga quien transita una ruta deteriorada.

Los trabajadores viales lo resumieron de una manera brutal: “El déficit cero se paga con vidas”. Y la frase debería obligarnos a mirar el problema más allá de las estadísticas. Un peso que no llega a una ruta puede significar un bache que no se tapa, una banquina que no se arregla o una señalización que nunca se coloca. En Catamarca sabemos perfectamente lo que significa depender de las rutas nacionales para conectar localidades, transportar producción, garantizar el movimiento turístico y permitir que miles de personas lleguen todos los días a sus trabajos y hogares.

La motosierra puede cortar gastos. Pero hay algo que no debería cortar: la responsabilidad del Estado. Porque el Estado no puede aparecer para cobrar impuestos y desaparecer cuando llega el momento de devolverlos en obras y servicios. Si el Gobierno quiere hacer déficit cero, está en todo su derecho de defender esa política económica. Pero entonces debería explicar por qué necesita hacerlo con la plata que los argentinos pagan para tener rutas transitables.

Porque detrás de cada número hay una ruta. Y detrás de cada ruta hay personas. El déficit cero podrá ser una meta económica. Lo que no puede convertirse es en una excusa para dejar que las rutas se deterioren mientras los fondos destinados a mantenerlas siguen generando intereses en una cuenta financiera.