La oposición fija condiciones para acompañar la ley ómnibus de Milei

En el Congreso, entre los temas que generan mayor resistencia de las propuestas enviadas por el oficialismo se encuentran la delegación de facultades extraordinarias al Presidente por 4 años, la eliminación del mecanismo de movilidad jubilatoria, el aumento de retenciones a las exportaciones agropecuarias y las privatizaciones masivas de empresas públicas.

Tampoco hay consenso sobre los cambios en el sistema electoral y la reforma judicial, específicamente la implementación de juicios por jurados populares.
 
Si bien valoran positivamente muchas de las medidas económicas orientadas a la estabilización y el crecimiento, piden al gobierno que priorice las más urgentes y postergue las más polémicas para futuros debates. Buscan evitar la confrontación pero advierten que no darán "cheque en blanco" a las iniciativas oficiales.
           
 
El principal bloque opositor que conduce el diputado Rodrigo de Loredo (UCR) pidió al oficialismo "sacar las pavadas".
 
En la misma línea, desde el ARI que lidera Maximiliano Ferraro reclamaron a los funcionarios "identificar las prioridades para enfocarnos en los temas que el plan del Gobierno requiere para estabilizar una economía en crisis profunda".

Incluso el ala más dialoguista del peronismo que responde a Miguel Ángel Pichetto habría planteado en privado al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, postergar algunos capítulos menos urgentes para el período de sesiones ordinarias de marzo.

De esta forma, la oposición parlamentaria intenta negociar los términos del debate y moderar los aspectos más controversiales del proyecto ómnibus, que el Ejecutivo procura aprobar en tiempo récord antes del 31 de enero cuando vencen las sesiones extraordinarias.

El oficialismo, por su parte, defiende el contenido completo de la iniciativa argumentando que no hay temas irrelevantes y que los errores detectados son sólo "materiales, no de fondo". Confían en poder obtener los votos necesarios con ayuda de sus socios políticos, aunque reconocen en privado que es probable que deban consensuar ajustes en los puntos más conflictivos.