Allanamientos en la ANDIS: investigan una red de sobornos y sobreprecios

La Justicia federal dispuso 15 allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve de los operativos se llevan a cabo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y los otros seis en la provincia, bajo las órdenes del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Según trascendió, los procedimientos apuntan a la búsqueda de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos, aunque no incluyen pedidos de detención. Se trata de una nueva etapa en la causa conocida como "Spagnuolo", que investiga supuestos pedidos de sobornos a laboratorios que proveían medicamentos al organismo estatal.

 
La investigación tuvo su origen en audios filtrados del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se refería a una presunta operatoria de cobro de coimas a proveedores, que involucraría —según su propio testimonio— a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo "Lule" Menem.

Los allanamientos se concretan apenas un día después de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, convocadas para el miércoles próximo a las 14.00, en una sesión que promete alta tensión política.

Auditoría urgente y sospechas de sobreprecios

Mientras avanza la causa judicial, el Gobierno nacional aceleró la auditoría interna en la ANDIS y ya recibió parte de la documentación incautada en los primeros operativos judiciales. "Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar", señalaron desde la administración nacional.

Fuentes oficiales confirmaron que entre los archivos entregados figuran facturas de compras vinculadas a la adquisición de medicamentos en distintas droguerías, muchas de las cuales no se encontraban registradas en los portales públicos de contrataciones. Además, se detectaron faltas en la trazabilidad de los procesos dentro del sistema de control del Ministerio de Salud.

 
Según pudo saber TN, el equipo jurídico del Ejecutivo solicitó a la Justicia que el interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, tenga acceso a copias completas de la documentación para profundizar la investigación administrativa. En paralelo, crecen las sospechas de que algunas adquisiciones se realizaron sin contrato formal con la droguería Suizo Argentina, utilizando en cambio compulsas de precios consecutivas para eludir licitaciones transparentes.

Desde la Casa Rosada también admiten que existen indicios de posibles sobreprecios en varias operaciones y que el objetivo inmediato es modificar el régimen autárquico de compras de la ANDIS, para que sus contrataciones pasen a depender directamente del Ministerio de Salud. "Buscamos que las adquisiciones se realicen de forma directa a los laboratorios, sin intermediarios", señalaron fuentes del Ejecutivo.

Un organismo clave bajo la lupa

La Agencia Nacional de Discapacidad, que cuenta con 921 empleados y un presupuesto asignado de $3,74 billones, se encuentra en el centro de la polémica. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, $3,1 billones de ese monto se destinan a gastos de seguridad social, $556.000 millones a salud, y $5.300 millones a promoción y asistencia.

El Gobierno espera que el sumario interno concluya en un plazo máximo de seis meses, aunque los primeros resultados de la auditoría podrían conocerse recién después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

 
Además de las presuntas irregularidades en las compras de medicamentos, el Ejecutivo también revisa el proceso de otorgamiento y baja de pensiones por invalidez, que fue objeto de cuestionamientos durante los últimos meses.

Con el foco judicial y político puesto en la ANDIS, el caso amenaza con profundizar la tensión entre el oficialismo y la oposición, en un contexto de creciente presión sobre los mecanismos de transparencia del Estado.