Carrizo: "Sin control, sin debate, sin vergüenza. El avance del Ejecutivo por Decreto".

La diputada y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, denunció "una vez más" el uso abusivo del artículo 184 de la Constitución Provincial, advirtiendo que durante el receso legislativo "el Poder Ejecutivo avanzó con decisiones de altísimo impacto institucional y social, sin debate, sin control democrático y sin participación ciudadana". Según la legisladora, se trata de 11 decretos acuerdos medidas "profundamente regresivas" que, adoptadas por decreto, "alteran el equilibrio y división de poderes" y "No lo vamos a naturalizar", advirtió.

Entre las medidas cuestionadas, Carrizo destacó el Decreto Acuerdo N° 231/2025, que modifica de manera sustancial la Ley N° 5337, alterando "el diseño institucional de la Defensoría del Pueblo, su vínculo con la Legislatura, el mecanismo de designación de autoridades y sus atribuciones". Según denunció, la modificación más alarmante "habilita al Poder Ejecutivo a designar por decreto a las autoridades del organismo", eliminando de hecho el rol del Poder Legislativo y permitiendo una intromisión directa del Ejecutivo en un órgano concebido precisamente para controlarlo. Carrizo no dudó en calificarlo como "modifican una ley para nombrar a un ex Ministro en un órgano clave para la defensa de los derechos ciudadanos, como lo hicieron alguna vez con el Tribunal de Cuentas" y "un golpe a su independencia", recordando además que el Ejecutivo designó a "un ministro que fracasó en las políticas educativas".

La diputada también cuestionó la disolución del ENRE, el organismo con funciones de control sobre los servicios públicos. "¿Quién gana con esta decisión? No los ciudadanos, que quedan aún más desprotegidos. Ganan las empresas, con participación estatal", aseguró, enfatizando que ahora "es el Estado el que se reserva el poder de controlarse a sí mismo y además de manejar los recursos que recaudaba el ENRE". Carrizo advirtió que la Defensoría del Pueblo no puede suplir al ENRE, “y se hace una reforma forzada para darle competencias técnica, potestades regulatorias y sancionatorias", y acusó al gobierno de "mentirle a la ciudadanía" al sugerir lo contrario. "Eso no es eficiencia: es concentración de poder", sentenció.

Otra decisión inconsulta, según Carrizo, fue la reforma del sistema de aportes de la OSEP. La diputada explicó que el nuevo mecanismo "desvincula el aporte del trabajador de su salario real" y lo establece "sobre un promedio ponderado de sueldos mínimos de distintos escalafones", generando así "graves inequidades" y afectando directamente "a quienes menos ganan". "Viola el principio de capacidad contributiva consagrado en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional", denunció. Para Carrizo, esta medida no sólo es "técnicamente injustificable", sino también "socialmente regresiva".

Por último, Carrizo alertó sobre el nuevo Decreto Acuerdo que modifica la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Aunque en los considerandos del decreto se habla de modernización y transparencia, la diputada advirtió que "el primer artículo dice otra cosa: crea cargos con sueldos equiparables a los de jueces de la Corte". Recordó además que, al tratarse de un decreto acuerdo, los legisladores "no pueden modificarlo, solo aceptarlo o rechazarlo", lo que, con la "mayoría automática del oficialismo", deja "el final escrito".

La legisladora radical cuestionó duramente las prioridades del gobierno de Raúl Jalil, "¿Dónde están las prioridades? ¿En fortalecer el control del gasto público? ¿O en blindar privilegios mientras los catamarqueños hacen malabares para llegar a fin de mes, los hospitales siguen sin insumos y las escuelas se caen a pedazos?". A su juicio, estas decisiones tomadas "en soledad, sin diálogo, sin control", buscan ser convalidadas automáticamente si no se debaten en el período ordinario. "El silencio no puede reemplazar al debate, ni el procedimiento puede justificar el atropello", sostuvo.

Finalmente, advirtió que "la austeridad no puede ser excusa para desmontar los organismos de control", recordando que el Estado debe prestar servicios "con reglas claras, con transparencia y con supervisión imparcial". En ese sentido, sentenció "Catamarca necesita fortalecer sus instituciones, no subordinarlas al Poder Ejecutivo. Necesita organismos de control autónomos, eficaces, con legitimidad social. No oficinas satélites del oficialismo". "No vamos a convalidar el autoritarismo por omisión. No vamos a aceptar que se gobierne por decreto mientras. La democracia no se toma recesos. Y nosotros, tampoco", remarcó.