Narváez también se inhibirá en el jury contra el fiscal Costilla

El Tribunal de Enjuiciamiento aceptó la inhibición planteada por el fiscal de Cámara Penal nº1, Alejandro Dalla Lasta, y al mismo tiempo notificó al fiscal penal juvenil, Guillermo Narváez, para que tome conocimiento del expediente. Sin embargo, el proceso encontrará otra demora: trascendió que hoy mismo Narváez presentará el escrito en el que también alegará una amistad manifiesta con Hugo Costilla, a quien se acusa por un supuesto mal desempeño en la conocida como la "Causa Wika".

El jury decidió aceptar el planteo presentado por Dalla Lasta el viernes pasado, en el que alegó una "violencia moral grave", al señalar que lo une a Costilla un vínculo de amistad de más de 20 años. Además, había argumentado que fue propuesto por Costilla como testigo de concepto, es decir, que iba a declarar en favor de Costilla por su calidad humana, y que eventualmente si el proceso judicial continuara, no dudó en advertir que seguramente volvería a ser convocado.

El Tribunal de Enjuiciamiento, conformado por el presidente de la Corte, Hernán Martel, los abogados Cecilia Martín y Federico Pague, el senador Augusto Ojeda y los diputados Damián Brizuela y Carlos Marsilli, resolvió entonces continuar con el mecanismo de subrogancias y notificaron al fiscal penal juvenil Guillermo Narváez, quien recibió un plazo de 24 horas para plantear algún tipo de objeción.

Anoche se conoció que Narváez también presentará esta mañana un escrito en el que se inhibirá por una amistad manifiesta con Costilla. A diferencia de Dalla Lasta, Narváez no había sido propuesto como testigo en este proceso. De esta manera, la pelota volverá al Tribunal de Enjuiciamiento menos de un día después de la última resolución y será este Tribunal el que defina si rechaza el planteo y le pide a Narváez que formule o no una nueva acusación; o le acepta la inhibición y pone nuevamente en marcha el mecanismo de subrogancias.
En este último supuesto, el orden llevará a los fiscales correccionales. La nº1 es Cynthia Romina Romero, el nº2 es Federico Maturano y el nº3 es Víctor Figueroa. Mientras tanto, los plazos de la Causa Wika permanecen suspendidos hasta tanto se defina quién será el nuevo fiscal que entienda en el expediente.

El origen de este conflicto fue la denuncia presentada por el fiscal Hugo Costilla en contra del ahora ex fiscal del jury Augusto Barros y el relator de la Corte, Arturo Herrera Basualdo, a quienes acusó de asociarse en su contra luego de descubrir un intercambio de correos electrónicos entre ambos en el que se filtró el pliego de preguntas que Barros preparaba para los testigos. El juicio político en contra de Costilla debió iniciarse el 1 de septiembre, pero quedó en 'stand by' al conocerse esta denuncia, que desencadenó en el apartamiento de Barros y la declaración de nulidad de la acusación en contra del fiscal de Instrucción nº5.

El caso

En esta denuncia, a Hugo Costilla se lo denuncia por un supuesto trato privilegiado con el 'Trader God' Edgar Adhemar Bacchiani y una supuesta persecución injustificada hacia el empresario Cristian Guillou. De hecho, fue Guillou quien presentó la denuncia ante el jury. Todo empezó con un cruce de denuncias en torno a la posesión del inmueble donde funciona el boliche bailable, que tuvo como protagonistas a Guillou y al fallido financista y autoproclamado estafador Bacchiani.

A Costilla se le recriminó, en la acusación ya anulada, que había intentado el archivo de la denuncia que el empresario realizó sobre presuntos ilícitos cometidos por Edgar Adhemar Bacchiani, "consistentes en operaciones fraudulentas de transferencia de bienes muebles e inmuebles, ocultamiento patrimonial a través de terceros y maniobras tendientes a evitar el cumplimiento de obligaciones asumidas con inversores y acreedores". Barros le cuestionó que en las denuncias de Guillou, Costilla no tomó "ninguna medida relevante" y que, por el contrario, a Guillou lo imputó a las pocas horas de haber sido denunciado por la ex esposa del trader, Zaraive Garcés Rusa.

Por otra parte, se le recriminó que no había informado a sus superiores respecto de la situación que estaba investigando y además le cuestionaron otras decisiones, como la de haber permitido la participación en el expediente del empresario Alejandro Segli, quien también se atribuía la propiedad del inmueble, sin que este se hubiera constituido como querellante.