El Gobierno desreguló el mercado eléctrico en pos de mayor competencia e inversiones

El Gobierno desreguló el sector eléctrico con el objetivo de lograr “un mercado eléctrico más eficiente, competitivo, abierto y transparente”. Las modificaciones y reformas estructurales dispuestas alcanzarán al comercio, los contratos, proveedores, facturas de los usuarios e infraestructura. A través del Decreto 450/2025, que aprueba las adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), el Ejecutivo definió las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico que consideran que beneficiará al usuario y tendrá al sector privado como actor clave.

En los considerandos de la norma se afirma: “Se ha recurrido a un complejo réAhora, “se busca alcanzar un reordenamiento progresivo del funcionamiento del mercado eléctrico y de sus mecanismos de asignación de recursos técnicos y económicos para atraer la incorporación de capital privado de riesgo, descentralizando progresivamente las decisiones sobre inversiones y precios y concentrando la responsabilidad del Estado Nacional en el diseño y aplicación de políticas públicas superiores y en la regulación y el control que resulten necesarios”, indican.gimen de subsidios a la demanda y contratos de renta asegurada (costo plus) para nueva generación, con un impacto significativo en el Tesoro Nacional y una progresiva ineficiencia general, provocada por la opacidad de los criterios regulatorios y la distorsión de las señales económicas”.

Ahora, “se busca alcanzar un reordenamiento progresivo del funcionamiento del mercado eléctrico y de sus mecanismos de asignación de recursos técnicos y económicos para atraer la incorporación de capital privado de riesgo, descentralizando progresivamente las decisiones sobre inversiones y precios y concentrando la responsabilidad del Estado Nacional en el diseño y aplicación de políticas públicas superiores y en la regulación y el control que resulten necesarios”, indican.

Las principales transformaciones que impulsa el decreto son:

Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y previsibles. El Estado solo podrá objetar operaciones por razones técnicas o de seguridad del suministro.

Se restablece y fortalece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013, para promover previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento e inversiones de largo plazo.

Se ratifica la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, garantizando que los consumidores puedan decidir con quién contratar su energía, sin obstáculos regulatorios ni trabas operativas.

Se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. Su factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados.

Se establecen múltiples alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, procurando la inversión privada, habilitando la libre iniciativa a propio riesgo.