Dramático desalojo: mujeres encadenadas en el operativo por usurpación de terrenos

Un fuerte operativo de desalojo se desarrolla este jueves en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, donde varias familias permanecían asentadas desde hace meses en terrenos presuntamente usurpados. El procedimiento, dispuesto por la Justicia, contó con un amplio despliegue policial y la participación de distintos organismos del Estado provincial.

Según confirmaron fuentes de la Policía de Catamarca, la medida fue ordenada por el juez interviniente y comenzó alrededor de las 7 de la mañana. En el lugar trabajaron efectivos de Infantería, Bomberos, Defensa Civil, SAME, EC Sapem, la Secretaría de Familia y Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en las tareas de seguridad, asistencia y control del operativo

El comisario a cargo del procedimiento detalló que en el predio "se encuentran algunas mujeres atrincheradas", quienes decidieron encadenarse en señal de protesta frente al inminente desalojo. "Los negociadores están trabajando para lograr un retiro pacífico, dando un tiempo prudencial para que las personas puedan salir voluntariamente", explicó el jefe policial, quien destacó que el operativo se desarrolla "con total normalidad" pese a algunos momentos de tensión.

Los terrenos eran ocupados de manera irregular desde hace varios meses, y ya existían antecedentes de intentos previos de usurpación en la misma zona. "Hay que entender que la usurpación es un delito y se está actuando en consecuencia", señalaron desde la fuerza, remarcando que la intervención cuenta con todas las garantías legales.

El procedimiento también incluye la participación de EC Sapem, empresa que intervino para desconectar conexiones eléctricas clandestinas detectadas durante las tareas en el asentamiento. Según precisaron, la manipulación de tendidos eléctricos representaba un riesgo para la seguridad de las familias y del personal que actuaba en el lugar.

En su momento de mayor ocupación, el predio albergó a cerca de 60 familias, aunque el número se fue reduciendo en los últimos días a medida que se notificaban las órdenes judiciales de desalojo. Sin embargo, un grupo de personas decidió resistir la medida, reclamando la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Desde el asentamiento, las familias afectadas manifestaron su preocupación por la falta de soluciones habitacionales. Muchas de ellas aseguraron haber iniciado los trámites correspondientes ante el IPV "hace varios meses", pero afirmaron que no recibieron ninguna respuesta oficial. "Nos pidieron papeles, hicimos todo lo que nos dijeron y nunca más nos llamaron", contó una de las vecinas que permanece en el lugar.

El operativo, que aún se extiende está acompañado por equipos de la Secretaría de Familia, que asistieron a los menores de edad y coordinaron el traslado de las familias desalojadas. También se dispuso un cordón sanitario del SAME ante la posibilidad de incidentes o emergencias médicas.

La situación se mantiene bajo control, aunque con una fuerte presencia policial en la zona y con los negociadores intentando persuadir al pequeño grupo que aún se retiste a la medida. Las autoridades remarcaron que el desalojo se lleva a cabo "de forma gradual y pacífica", en tanto que el Poder Judicial continuará evaluando los pasos a seguir para la reubicación de las familias que aún no abandonaron el predio.

La causa por la ocupación de los terrenos seguirá su curso en el fuero penal, bajo la figura de usurpación, mientras que el IPV deberá definir si alguna de las familias puede ser incorporada a futuros planes habitacionales. Por el momento, el conflicto en Santa Rosa vuelve a poner sobre la mesa el déficit habitacional en el Valle Central y las recurrentes tensiones entre el derecho a la vivienda y la propiedad privada.